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Vuelve el debate sobre el respeto a la privacidad online

noviembre 11, 2011

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El debate sobre la privacidad online vuelve a estar en la escena pública internacional. Según la resolución del juez federal norteamericano Liam O’Grady, del Tribunal Federal de Distrito en Alexandria, Virginia, Twitter tiene la obligación de revelar información privada sobre tres cuentas (y sus titulares) que se hallan en estos momentos bajo investigación federal en Estados Unidos ya que, según sus sospechas, las mismas han mantenido supuestos vínculos de colaboración con los organizadores del sitio web WikiLeaks.

Lo cierto es que este tema ya se había debatido con anterioridad y había levantado serias sospechas sobre el respecto a la privacidad online y el uso de las redes sociales. Hace un año atrás, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado información a Twitter sobre tres usuarios de esta red sospechosos de colaborar con WikiLeaks sin que existiera una orden judicial que amparara legalmente dicha demanda.

En aquél entonces, y para justificar esta exigencia aparentemente extrajudicial, el Departamento de Justicia norteamericano se amparó en una ley aprobada en el año 1984 conocida como Stored Communications Act, y de este modo solicitó las direcciones IP y los mensajes personales de estas tres personas, con la intención de conocer sus identidades y poder seguir sus movimientos por la red.

Tal y como informa ayer el diario The New York Times, los directivos de Twitter informaron a los usuarios investigados sobre las exigencias de las autoridades norteamericanas, los cuales presentaron sus respectivas demandas de disconformidad ante los propios órganos judiciales de Estados Unidos. Sus argumentos en su defensa se basaron en que las direcciones IP son de carácter privado, por tanto la demanda en sí era demasiada amplia y sin ninguna relación con WikiLeaks.

Pero ésta vez Liam O’Grady ha fallado en su contra, argumentando que la información que se solicita sí tiene valor material en relación a la investigación que se ha abierto en contra de los fundadores de WikiLeaks, volviéndose otra vez a abrir el debate sobre la seguridad en internet y el derecho a que se respete la información personal, incluida la que se entrega a las redes sociales u otras páginas webs.

Aunque aún no hay declaraciones oficiales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos o de los directivos de Twitter; Birgitta Jónsdóttir, una de las tres personas afectadas con esta  investigación federal, ha publicado hoy un artículo en el diario The Guardian en el que llama la atención sobre la necesidad de acabar con este “derecho” de los gobiernos a acceder a los datos privados de los internautas una vez que se hayan inscritos en cualquier sitio web en internet, incluso en las propias redes sociales.

El artículo de Jónsdóttir llama la atención sobre el uso que se le da a la información personal que es almacenada en las grandes bases de datos que tienen corporaciones como Google Inc. o Facebook; datos que muchas veces son utilizados para el envío de publicidad selectiva de acuerdo al historial de navegación de los usuarios.

En opinión de Jónsdóttir, estas corporaciones privadas (y gobiernos) nos ven como simples ciudadanos sin derechos cívicos en la red. Y ahí está el gran problema: en la actualidad no hay una carta internacional que confirme que debemos tener los mismos derechos dentro y fuera de la red, estableciendo las bases para desarrollar un debate más profundo en el cual se diseñen los principios de actuación tanto para ciudadanos, empresas y gobiernos.

El debate está servido, somos nosotros (los internautas) quienes debemos hacer valer nuestros derechos, y si no existen, exigirlos. Todos somos vulnerables.

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